En el mundo contemporáneo no obstante el avance de la civilización y la cultura, el surgimiento y desarrollo de una afirmativa tendencia a favor de los derechos humanos, del deber del Estado y de organismos internacionales de protegerlos, de la necesidad social de que los mismos se consoliden como un bien universal, existen aún casos en los cuales se violan de manera sistemática contrariando obligaciones fundamentales.
La religión que tanto involucra las creencias y valores del ser humano, lo más íntimo y profundo de la conciencia y el espíritu del hombre, y en torno a la cual se pone de manifiesto elevados conceptos de lo sagrado, lo divino, de la vida y su trascendencia, ha sido objeto del más inadmisible fanatismo, de situaciones y conflictos que contradicen su carácter, la verdadera significación de sus mandatos, de lo que representa para el entendimiento de la vida terrenal y su proximidad con Dios.
Nos preocupa la realidad de los enfrentamientos culturales en materia de religión que dividen a países, a grupos y a personas, y contribuyen a crear un estado de intolerancia y discriminación, de odio y de crímenes.
De la misma manera, cuando esa situación es producto de la acción de gobiernos o de Estados de tendencia opresiva, sectaria, autoritaria, se constituye en un atentado gravísimo ante la cual debe generarse la acción nacional e internacional en defensa de los derechos humanos.
En América Latina, África, Asia y otras regiones, se han evidenciado en diversos momentos estos inadmisibles hechos. La persecución y la violencia se ha manifestado como forma de impedir la presencia de la religión, de la institucionalidad de la Iglesia, la denuncia pública, la transformación de la sociedad y la reivindicación de los derechos.
La religión promueve en su esencia la dignidad del hombre, el sentido superior de la vida, la transcendencia del espíritu en su vinculación con Dios.
En cuanto a la presencia de la religión en la sociedad, independientemente de su origen, cuando ella está estrechamente comprometida con la persona humana y su destino, ella no puede ser indiferente ante el devenir del mundo actual, injusto y desigual, en cualquier parte, ante cualquier sistema de sociedad, gobierno, economía y cultura.
La Iglesia Católica desde hace muchos años se ha pronunciado a favor de su presencia en apoyo a los necesitados, los pobres, los humillados, los perseguidos, los apartados de la tierra. En tal sentido, entre otros documentos, en el Sínodo de Obispos de 1971, publicó un mensaje denominado “Justicia in Mundo” (Justicia en el mundo). Este texto expresa una afirmación relevante: “La Iglesia tiene el derecho, e incluso el deber, de proclamar la justicia a nivel social, nacional e internacional, y de denunciar los casos de injusticia, cuando los derechos fundamentales de las personas y su propia salvación así lo exijan «. (JM 36).
Existen una serie de derechos reconocidos por la legislación nacional e internacional que adquieren jerarquía de principios fundamentales y, en tal sentido, los gobiernos y el Estado deben respetarlos absolutamente para asegurar la existencia de una sociedad basada en la ley, comprometida con la justicia, con los valores democráticos, con la dignidad de la persona humana.
La libertad de religión o de creencias es el principio esencial reconocido en todas las declaraciones internacionales y constituciones y en torno a él se desprenden otros resaltantes derechos, tales como la libertad de pensamiento y de expresión.
La persona es la que puede escoger su propia religión siguiendo sus valores, tradiciones y necesidades espirituales. De la misma manera, el ser humano y la propia institución religiosa debe estar libre de toda forma de coacción. Cualquier acto que pretenda constreñir la creencia religiosa y la actividad que ella misma implica es condenable y sancionable, desde la imposición de una determinada religión a una persona como también el impedimento y la persecución de la actividad eclesiástica.
La libertad de culto; la utilización de los símbolos eclesiásticos; la asociación y desarrollo de las actividades religiosas; el respeto a la integridad y a la vida de los sacerdotes; la enseñanza y la distribución de materiales y publicaciones; la formación y la actividad de las asociaciones humanitarias creadas por la Iglesia; su presencia en los conflictos sociales como medio de conciliación, defensa de la persona, la familia y la sociedad, son principios esenciales que afirman a la iglesia católica y a otras en su noble misión salvadora y redentora de la humanidad.
La opresión y la persecución política como arma para que la Iglesia se silencie en su obligación de defensa de los derechos del hombre y de la sociedad, es inadmisible y es una afrenta contra la consciencia universal y básicos derechos internacionales.
Debemos construir una sociedad democrática, plural, basada en la ley y la justicia; una sociedad que condena la intolerancia y practique el entendimiento; una sociedad libre que ejerce sus derechos en contra de la arbitrariedad, la opresión y la injusticia; una sociedad que exprese en sus valores religiosos, cualesquiera que estos sean, y que, en general, implica la búsqueda del bien, del amor al prójimo que sufre y la paz, tan controvertida en este tiempo de amenazas y peligros inminentes.
Foto Monseñor Rolando Alvarez, Nicaragua, www.articulo66.com
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