José Félix Díaz Bermúdez
En un país que se precie de sus luchas sociales y su historia; en un país que respete su Constitución y su vida se organice conforme a ella; en un país donde exista una noción fundamental de lo que representan las libertades políticas, los derechos humanos, la actuación plural de los partidos y de los ciudadanos, las obligaciones de un gobierno, la libertad de pensamiento y la jerarquía de las instituciones, escuchar la afirmación que hizo, en días recientes, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega: “Aquí no volverá a haber elecciones” significa un hecho inadmisible, indignante, penoso, el desconocimiento abierto de las obligaciones políticas y de los derechos de su pueblo en pleno siglo XXI, lo cual constituye para el país de Rubén Darío y de Sandino, un retroceso vergonzoso, una afrenta nacional e internacional contraria a todos los principios aceptados y defendidos en una sociedad libre.
En medio de tantos atentados y desconocimientos reales contra la democracia en nuestra América Latina, en Europa, en África, en Asia, y otros lugares, los pueblos, sus dirigentes progresistas, las organizaciones de la sociedad, los líderes que auspician una posición de avanzada política, no pueden menos que rechazar lo señalado por Ortega y su conducta antidemocrática por lo que implica un sistema totalitario, dictatorial, autoritario en todas sus formas, la negación misma de las conquistas más relevantes de la sociedad en la época moderna.
Sí algún aporte ha hecho en términos históricos el siglo XX es que sembró en las sociedades modernas la democracia como sistema de vida. Los millones de latinoamericanos han votado y quieren votar en elecciones libros y justas es inmenso, y en su conjunto se estima que en nuestros pueblos lo han hecho más de 300 millones de personas en los últimos años. Se ha formado a lo largo de los años un sentido de arraigo y vocación democrática profunda en cada una de nuestras naciones, no obstante los continuos obstáculos que se presentan.
Existen en cada una de las constituciones nacionales de América Latina el reconocimiento de la democracia como un derecho de la sociedad, así como la obligación de los gobiernos en lo nacional e internacional de: “promoverla y defenderla”, tal y como lo señala la Carta Democrática Interamericana, uno de los mayores instrumentos internacionales establecidos en las últimas décadas y cuya potencialidad es relevante para mantener y recuperar con acciones sostenidas y contundentes, vinculantes para todos los países, la vigencia de la democracia como uno de los derechos humanos fundamentales que mejor se corresponde con la evolución política, económica, social y cultural de cualquier país.
La vinculación profunda de la democracia con las libertades y con los derechos humanos; el acceso y el sostenimiento en el poder sujeto en todo caso al Estado de Derecho; la obligación de celebrar elecciones justas, libres, secretas como expresión de la soberanía popular y su acatamiento; la necesidad de la existencia de la pluralidad de organizaciones y partidos, y la independencia de los poderes del Estado entre sí para que efectivamente se controlen y aseguren la vida democrática, son todos elementos, atributos, requisitos necesarios y obligatorios que las naciones, sin excepciones, deben preservar y defender.
Ante la inaceptable expresión del presidente Ortega -quien viene ininterrumpidamente gobernando el país desde el 2007-, la respuesta del continente fue mayoritariamente adversa tanto desde el ámbito de la oposición política nicaragüense en el exilio, la cual invitó a ejercer una mayor presión internacional, así como de postura decidida del gobierno de Panamá al retirar su embajador y también, la expresa condena del gobierno de los Estados Unidos, entre otros pronunciamientos, son acciones concretas y necesarias que entre otras deben implementarse no solo para el bienestar del pueblo de Nicaragua sino para el bien común de nuestro continente.
l régimen de Ortega en Nicaragua ha sido frecuentemente denunciado y condenado por su persistente conducta ofensiva contra las garantías democráticas, la persecución de los opositores, la violación de los derechos humanos y su enfrentamiento a la Iglesia Católica por su rol defensor de la dignidad y espiritualidad del ser humano.
La democracia no se puede postergar, posponer y condicionar. No obstante las variedades culturales y sociales, la democracia es libertad de elegir por parte de los pueblos su destino político, así como otras manifestaciones de su contenido y alcance en todos los ámbitos de la vida ciudadana.
En Venezuela, la llamada “doctrina Betancourt” de los años 60, representó una firme y activa expresión contra la existencia de regímenes dictatoriales en América Latina, la cual se materializó en la ruptura de relaciones diplomáticas, comerciales, políticas, así como también con la firma actuación de la Organización de los Estados Americanos (OEA ) en ese época, la cual sancionó y expulsó de sus filas a gobiernos antidemocráticos que, además, realizaron actos de intromisión y agresión política y militar a otros Estados, tal y como fue el caso de Cuba contra Venezuela.
La conformación de una nueva realidad democrática en las Américas en la cual la mayoría de sus gobiernos son expresión de la voluntad soberana de sus pueblos, obliga a replantear una sostenida y verdadera defensa de la democracia para asegurar la estabilidad y la recuperación de cada uno de nuestros países y más donde no existe o se limita, para darle a la “Carta Democrática Interamericana” una aplicación efectiva y un nuevo sentido y alcance que supere los pronunciamientos diplomáticos y dote al instrumento de efectivos mecanismos para su aplicación cada vez que la misma se encuentre amenazada o vulnerada.
La democracia debe consolidarse como un derecho esencial, irrenunciable, principal para cualquier sociedad que no obstante sus distinciones culturales nunca pueden ser admisibles lagunas y excepciones en lo que se refiere a la dignidad del hombre, su libertad pensamiento y actuación en la vida de un país.
Aquel Daniel Ortega que en 1985 defendió en las Naciones Unidas: “…la voluntad heroica del pueblo de Sandino…” expresada en: “…elecciones libres y directas…”, ya no es el mismo de hoy.
(Tomado del diario El Universal, Venezuela, 02/08/2026)
