José Félix Díaz Bermúdez
Revolución en su sentido más correcto, más auténtico y purista es transformar las cosas, modificar profundamente la realidad social, incidir de manera decisiva en la formación y orientaciones de la historia. Un concepto particular como este, a nuestro juicio, es perfectamente aplicable a la llamada: Revolución de Octubre venezolana que tuvo lugar el 18 de octubre de 1945.
Diversas voces a lo largo del tiempo han discutido sí este hecho reúne los elementos necesarios para no apreciarlo únicamente como un golpe de Estado más, de los muchos que han tenido lugar en Venezuela.
Cierta vez, el día del entierro de aquel gran Estadista, figura política de magnitud continental, creador y defensor de la moderna democracia en Venezuela, que fue Rómulo Betancourt, quien presidió la Junta Revolucionaria de Gobierno, escuché en medio de una extraordinaria manifestación popular que recorrió desde el centro hasta el este la ciudad, un grito destemplado de alguien que lo llamó: “…¡golpista!…”.
La diferencia de este cambio político de los anteriores y posteriores, es que el objetivo principal de ese acontecimiento en contra de las políticas, acciones y herederos continuistas del gomecismo, y negadoras de la soberanía popular del gobierno de Isaías Medina Angarita, es que aquel movimiento se realizó en procura del establecimiento de un sistema democrático pleno, directo y universal en Venezuela.
En el Primer Comunicado publicado por los integrantes de la Junta, en fecha 19 de octubre de ese año, sin vacilaciones ni eufemismos, afirmó categóricamente que: “Este Gobierno Provisional tendrá como misión inmediata la de convocar el país a elecciones generales, para que mediante el sistema de sufragio directo, universal y secreto, puedan los venezolanos elegir sus representantes, darse la Constitución que anhelan y escoger el futuro Presidente de la República”.
Desde entonces, y a la vuelta de pocos meses, avalados por la admirable Constitución Nacional de 1947, obra de la voluntad democrática de distintos partidos conducidos por el talento extraordinario, conciliador y patriótico de Andrés Eloy Blanco, el país concretó sus primeras elecciones libres presidenciales del siglo XX, resultando electo con abrumadora mayoría de votos, ese gigante de la civilidad y de la dignidad republicana que fue don Rómulo Gallegos.
La justicia contra el peculado fue otro de sus fines esenciales de aquel movimiento político cívico-militar, lográndose a través del Decreto 64, de fecha 28 de noviembre de 1945, la formación del Jurado de Responsabilidad Civil y Administrativa que estableció la responsabilidad de dos expresidentes de la República (López Contreras y Medina), y de todo un sistema que desde la dictadura gomecista venía horadando el patrimonio público, tal y como lo documentamos en nuestro libro: “Juicios y Sentencias A Presidentes de Venezuela” (1994, Centauro, José Agustín Catalá Editor), y que fue prologado por destacado jurista, profesor y ciudadano, Alberto Arteaga Sánchez.
No obstante el hecho de la detención de los expresidentes López y Medina, el pronunciamiento de la Junta aseguró que: “Ninguno de ellos ha sufrido ni sufrirá vejamen en su persona, ni atropello de ninguna naturaleza. Pero deberán devolver a la Nación y al pueblo lo que le usurparon mediante el deshonesto manejo de los dineros públicos”.
El rechazo al: “…desbarajuste político y administrativo a que el personalismo autocrático condujo a Venezuela…”, desde antes, en el transcurso y posteriormente al gobierno de Juan Vicente Gómez, fue otra de las razones de aquella acción política que interrumpió el continuismo de un sistema que venía de la dictadura.
Además de la promesa y el compromiso electoral, la Junta Revolucionaria de Gobierno se comprometió a garantizar: “las libertades de prensa, y de radiodifusión, de información interior y exterior”, que fueron garantizadas de manera plena. El fin de los monopolios y la exigencia de un: “trato equitativo en las relaciones entre el Estado y los inversionistas” en materia petrolera, fue otra de sus más importantes acciones, así como también la libertad de acción de las organizaciones sindicales, con lo cual se abrieron los caminos propios de una sociedad que, a partir de entonces, comenzó un nuevo camino político para Venezuela, hasta que la dictadura de Marcos Pérez Jiménez nuevamente interrumpió aquellos avances democráticos.
Rómulo Betancourt supo anticipar, tal y como lo expresó en el Táchira durante los varios recorridos que realizaron los integrantes de la Junta en todo el país, un sentido mucho más amplio de lo que debía ser la democracia en Venezuela, mucho más allá del trascendente suceso electoral que se realizó, al señalar la necesidad de realizar una. “…labor de democratización del Estado…” (aún vigente luego de tantos años), y que el Presidente de la República en Venezuela fuese solamente: “…un funcionario situado en el más alto escalafón administrativo, pero sometido al control del Congreso y sometido al control de la opinión pública…”, tal y como debía serlo en una sociedad democrática.
Además de la profunda reforma política, la Junta Revolucionaria de Gobierno planteó y tomó acciones en materia de agricultura y transformación de la tenencia de la tierra; la erradicación del paludismo en todo el territorio nacional; la creación del Instituto de Fomento de la Producción; la reforma impositiva; la rebaja de los alquileres y la disminución del costo de la vida, entre otras medidas, siendo otra de sus principales acciones estimular la Integración del territorio del país. Un importante plan de carreteras y de aeropuertos en distintos lugares formó parte de sus planes de crecimiento y desarrollo nacional.
En lo político y en lo ciudadano uno de los logros más relevantes de la Revolución de Octubre fue que todo venezolano: “Alfabetos y analfabetos, hombres y mujeres incultos y letrados, todos los mayores de 18 años -tal y como también lo afirmó Betancourt- podrán escoger su Asamblea Constituyente soberana, hoy; su Presidente de la República, mañana…”, y así ocurrió efectivamente en el breve período de 3 años que duró su ejercicio.
Hoy, en momentos en los cuales el país exige sin ambages y demoras la afirmación de la ruta democrática; la realización de elecciones libres; el respeto absoluto de la voluntad popular; la renovación de las instituciones; la libertad de los presos políticos; el retorno sin excepciones de los dirigentes y líderes de la oposición; entre otras medidas, la lección de 1945 se eleva ante nosotros y sigue vigente en la historia venezolana constituyendo un precedente singular de la sobre el valor de la democracia y la necesidad, tal y como ocurrió en la Asamblea Nacional Constituyente de 1947, de que los factores políticos se unifiquen para bien del país, y que debe resultar en la consolidación de nuestra libertades políticas, permanentes e irrenunciables para toda la Nación.
Justo hoy se están cumpliendo pues 81 años de este hecho singular en una Nación que a lo largo de su historia no ha cesado de exigir libertad y democracia, prosperidad y justicia, paz, respeto inequívoco a su voluntad y mandato soberano, derecho de los pueblos, fundamento del orden político, base de la República, por la que comenzamos a luchar, sin descanso y con los mayores sacrificios, a partir de 1810 que signó el destino de la Patria, de sus hombres y de todas las generaciones venezolanas.
(Tomado de El Universal, 18/10/2026)
Foto principal restaurada y encontrada por el autor en la obra oficial «El gobierno Revolucionario de Venezuela ante su pueblo«, 1946.
