José Félix Díaz Bermúdez
En la historia reciente de España, en lo que va de la etapa democrática luego de la histórica transición del año 1978, no ha existido un escenario político tan complejo como el que se evidencia en la actualidad, en relación al marcado deterioro de la credibilidad y la pertinencia, la legitimidad y la valoración social, política e internacional del gobierno que encabeza el presidente socialista Pedro Sánchez.
Se evidencia un creciente clima de descontento ciudadano, de agitación política, de crispación y de enfrentamiento entre la oposición y el jefe actual de la Moncloa y de su grupo. Igualmente, los riesgos y peligros institucionales son inmensos y graves en uno de los países más significativos de Europa.
Hay señalamientos cotidianos sobre numerosos casos de presunta corrupción que se registran en medios de comunicación, inclusive cercanos al gobierno. El deterioro de la confianza política y el diálogo entre partidos se profundiza.
La extensión del conflicto va más allá de la Moncloa y del Congreso, alcanza a otros sectores del Estado cuya independencia y autonomía se encuentra comprometida, tal y como ha ocurrido recientemente con el sector judicial, que ha manifestado su descontento institucional con respecto a las acciones y señalamientos del gobierno, lo cual no tiene precedentes en el país.
De la misma manera, la dependencia y subordinación con la cual se acusa al Fiscal General del Estado con respecto al gobierno, cuyo procesamiento ha sido autorizado por el Tribunal Supremo por supuestos delitos de revelación de secretos, da noticia del alcance de la amenaza institucional.
(Caricatura de González Añon)
Por otra parte, la magnitud de las denuncias e investigaciones por presuntos delitos que comprende al más alto nivel del partido socialista y del actual gobierno, ha motivado la renuncia de varios de los más cercanos e influyentes colaboradores del presidente Sánchez, tal y como es el caso de José Luis Ábalos, exministro de Transportes, así como de otros de sus hombres de confianza en el Partido Socialista, como es el caso de Santos Cerdán, sucesor de aquel en la Secretaria de Organización del PSOE, hechos que representan la posible extensión de mayores implicaciones que también están alcanzando a la esposa del presidente, Begoña Gómez, y de su hermano David Sánchez, entre otros.
No están escapando de los señalamientos otras figuras políticas socialistas tanto nacionales como regionales; empresas y terceras personas; la supuesta existencia de vínculos y negocios con la prostitución; el cobro de ilegales comisiones por contratos y negociaciones con el Estado; la existencia de una presunta red y organización para delinquir desde el gobierno, todo lo cual es absolutamente inadmisible y más en una democracia que forma parte de la Unión Europea.
(Caricatura de Pedro Sánchez, Diario de Soria)
Son muchos los señalamientos: Investigaciones en el año 2024 por parte de la Fiscalía y la Guardia Civil por la compra de mascarillas durante la pasada pandemia; la apertura en abril del 2024 de una investigación judicial en contra de Begoña Gómez, esposa del presidente, por supuesta corrupción y tráfico de influencias; la averiguación en contra de David Sánchez, hermano del presidente, por presuntos delitos de tráfico de influencias y prevaricación; la formulación de denuncias e investigación por presuntos casos de corrupción y desvío de fondos contra el asesor Koldo García; la presunta adjudicación de contratos y servicios por parte del Estado a ciertas empresas beneficiarias; la detención de más de 20 personas entre empresarios, políticos, asesores vinculados con el gobierno, ponen al descubierto las implicaciones de la situación.
Las denuncias no solamente comprenden la gestión de gobierno sino también la actuación interna en relación al Partido Socialista, PSOE. Las indagaciones por supuestas tramas y alteraciones en los resultados de las votaciones primarias del PSOE del año 2014, a favor de Pedro Sánchez; señalamientos de supuesto ilegal financiamiento del partido del presidente, motiva la realización de una auditoría y otras medidas con previsibles consecuencias.
(Pedro Sánchez y Cerdán, composición Infbae)
Existen también denuncias específicas contra el presidente Pedro Sánchez, el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, las ministras de Defensa, Margarita Robles, y Transición Ecológica, Teresa Ribera por supuesto delito de omisión de socorro durante el terrible desastre de las inundaciones causadas por la Dana que afectó profundamente a la Comunidad Valenciana.
Una decena y más de delicados casos que ponen a prueba, como nunca antes, a la justicia y a la democracia española. No obstante lo anterior, según el diario El Debate, existe más de 100 casos abiertos en contra del gobierno del presidente Sánchez lo cual manifiesta la trascendencia de la situación jurídica y política actual contra el gobierno y varios de sus principales agentes.
(Pedro Sánchez, e-noticies.es)
La crisis política e institucional de España es alarmante y supone la inminencia de un resultado que puede implicar el enjuiciamiento del mencionado presidente, y la creciente solicitud colectiva en favor de su renuncia y la convocatoria a elecciones generales en el país, lo cual sería lo propio ante la magnitud de los hechos.
Años anteriores de su llegada al poder, Pedro Sánchez exigió la dimisión del entonces Presidente del gobierno español Mariano Rajoy, por el mero hecho de haber sido citado como testigo en investigaciones judiciales en materia de corrupción. Ahora, con tan extendida y comprometedora situación política, Sánchez no lo hace, no convoca a elecciones, no dimite para facilitar por respeto a la democracia, una salida electoral a la profunda crisis que atraviesa el país.
(Pedro Sánchez, Morfema Press)
Cuando el poder se corrompe, no sirve para el ejercicio de las potestades públicas, no se corresponde con los principios constitucionales y legales, éticos y morales, no cumple con fidelidad los deberes institucionales, no es responsable y no responde a las alta exigencias de una Nación, de la democracia y de sus ciudadanos, pierde su sentido, se transforma en un sistema de complicidades y de vicios, de faltas y delitos, deja de ser la organización destinada al recto y cabal ejercicio recto de la política, para la conducción del gobierno y del Estado a favor de la sociedad, tal y como lo exige una verdadera democracia.
España está al borde de los extremos y compromisos celebrados con el independentismo; del creciente deterioro de la credibilidad del gobierno en lo interno; del descrédito internacional.
Con todos estos hechos y situaciones, con el piélago de escándalos que acorralan al gobierno de Pedro Sánchez en España, luce evidente que se aproxima un fin que no debe ser otro que el llamamiento a elecciones que permitan un cambio político civilizado y justo, tal y como el pueblo español lo necesita y que con ello determine, con absoluta libertad y conciencia ciudadana, el curso posterior de la vida como país.
En la actualidad, España se ubica en el puesto 21 en el Índice de Prosperidad en Europa, por debajo de Alemania, Bélgica, Francia, Reino Unido, Italia, República Checa, Eslovenia, Malta, Chipre, y se encuentra por encima de Eslovaquia, Polonia, Estonia, Portugal y Grecia, entre otros. Igualmente, ha bajado un total de 10 posiciones en el Ránking Mundial en materia de corrupción con respecto al año de 2023, elaborado por Transparency Internacional.
(Pedro Sánchez, Tele 5)
España merece otro destino político que sea consecuente con la preservación de la democracia, el sostenimiento de sus instituciones, sus responsabilidades frente a Europa y América Latina, el avance y el bienestar de sus ciudadanos muchos de los cuales son de nuestras tierras.
