José Félix Díaz Bermúdez
En la historia reciente de España en lo que va de la etapa democrática luego de la transición, no ha existido un escenario político tan complejo como el que existe, en la actualidad, en relación al gobierno del socialista Pedro Sánchez.
Se evidencia un creciente clima de descontento ciudadano, de agitación política, de crispación y de enfrentamiento entre la oposición y el jefe de la Moncloa. Igualmente, los riesgos y peligros institucionales son inmensos.
Hay señalamientos continuos y diarios sobre numerosos casos de presunta corrupción que se registran en medios de comunicación inclusive cercanos al gobierno.
El deterioro de la confianza política y el diálogo entre partidos se hace evidente.
La extensión del conflicto va más allá de la Moncloa y el Congreso, se extiende a otros sectores del Estado cuya independencia y autonomía se encuentra comprometida, tal y como ha ocurrido recientemente con el sector judicial, que ha manifestado su descontento institucional con respecto a las acciones y señalamientos del gobierno, lo cual no tiene precedentes en el país.
(Sánchez y Cerdán, foto reuters)
La renuncia de varios de los más allegados e influyentes colaboradores del presidente, tal y como es el caso de José Luis Ábalos, exministro de Transportes, y sus hombres de confianza en el partido socialista, como es el caso de Santos Cerdán, sucesor de aquel en la Secretaria de Organización del PSOE, dan noticia de la posible extensión de las implicaciones que también se refieren a la esposa del presidente, Begoña Gómez, y de su hermano David Sánchez. No están escapando en los señalamientos otras figuras políticas socialistas tanto nacionales como regionales; empresas y terceras personas; la supuesta existencia de vínculos con la prostitución; el cobro de ilegales comisiones por contratos y negociaciones con el Estado; la pretendida vinculación con algunos gobiernos con los cuales supuestamente se han realizado ciertos negocios; la existencia de una presunta red y hasta una organización para delinquir desde el gobierno, todo lo cual es absolutamente grave y más en una democracia que forma parte de la Unión Europea.
(Sánchez, Europa Press)
Si se intenta efectuar una cronología de los hechos nos encontramos lo siguiente:
Investigaciones en el año 2024 por parte de la Fiscalía y la Guardia Civil por la compra de mascarillas durante la pasada Pandemia.
Apertura en abril del 2024 de una investigación judicial en contra de Begoña Gómez, esposa del presidente, por supuesta corrupción y tráfico de influencias.
Investigación en contra de David Sánchez, hermano del presidente, por presuntos delitos de tráfico de influencias y prevaricación.
Denuncias e investigación por presuntos casos de corrupción y desvío de fondos vinculados al asesor Koldo García.
Adjudicación de contratos y servicios por parte del Estado a ciertas empresas beneficiarias.
Detención de más de 20 personas entre empresarios, políticos, asesores vinculados con el gobierno.
Denuncias por tramas y alteraciones en los resultados de las votaciones primarias del PSOE del año 2014 a favor de Pedro Sánchez.
Señalamientos de supuesto ilegal financiamiento del partido del presidente, lo cual está motivando la realización de una auditoría.
Investigación y enjuiciamiento contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a quien se acusa como aliado del presidente, por supuesta revelación de información confidencial.
Denuncias contra el presidente Pedro Sánchez, el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, las ministras de Defensa, Margarita Robles, y Transición Ecológica, Teresa Ribera por supuesto delito de omisión de socorro.
Una decena de delicados casos que ponen a prueba, como nunca antes, a la justicia y a la democracia española. No obstante lo anterior, según el diario español El Debate, existe más de 100 casos abiertos en contra del gobierno del presidente Sánchez lo cual evidencia la gravedad de la situación jurídica y política actual.
