José Félix Díaz Bermúdez
Nada es más preciado que la vida, nada es más preciado que la libertad. Ambas mucho más que derechos, mucho más que principios y valores establecidos en las Constituciones de los pueblos, son un mandato de Dios, un mandato de la naturaleza contra los cuales ninguna autoridad debe desconocerlos porque ellas: la vida, la libertad, están por encima de todo, por encima del individuo mismo y se afirman cuando la justicia las resguarda, las instituciones las protegen, los pueblos las reconocen y defienden, las elevan y preservan para siempre en las sociedades donde viven y que pertenecen a las futuras generaciones.
Los muros, las prisiones, los sistemas erigidos en contra de estos sagrados principios a lo largo de la historia han desaparecido por obra de la conciencia universal, por los actos de los hombres, de las sociedades, de las naciones que conquistan el bien general; por la justicia hacia las víctimas individuales o grupales; por obra adelantada y visionaria de dirigentes, gobernantes y estadistas que advierten que la historia condena y condenará siempre con su juicio implacable a los que erigieron esos símbolos horrendos: muros, prisiones, sistemas de intolerancia, persecución e injusticia de unos contra otros.
(Campo de Concentración Auschwitz)
Desde la Katorga zarista, a los Gulags soviéticos; desde los campos de Dachau, Chelmno, Jajdanek, Belzec, Auschwitz, Birkenau o Manthausen bajo el régimen Nazi; desde Ebougweni o Robben en la Sudáfrica racista; desde las prisiones de ESMA, La Perla o El Atlético en la Argentina dictatorial y militar; desde la cárcel de Abu Ghraib en Irak o los Xianjiang en China, así como de tantos otros sitios en nuestro terrible siglo XX y del actual, independientemente de las ideologías, la injusticia y la violencia contra los derechos humanos es infamante, es perversa, es intolerable, y acusa a sus autores opuestos a la libertad del hombre y sus derechos, a la plenitud en fin del individuo en todo lo que es, piensa, realiza, aspira en el marco de sus facultades y acciones lícitas, irrenunciables y sagradas que todas las leyes humanas y divinas reconocen.
La dignidad del hombre no tiene ideología, ni territorialidad, ni épocas. La injusticia lo es en cualquier tiempo, lugar y circunstancia. La libertad es el principio y el hombre, el ser humano, es su beneficiario.
(Carta Magna inglesa)
Los delitos, las faltas se juzgan y castigan pero para ello debe existir y garantizarse plenamente en términos de Derecho, el debido proceso, aquella institución extraordinaria que una vez, en los albores de la Carta Magna inglesa, los barones hicieron firmar al Rey para establecer que: “Ningún hombre libre podrá ser detenido o encarcelado o privado de sus derechos o de sus bienes, ni puesto fuera de la ley, ni desterrado o privado de su rango de cualquier otra forma, ni se usará la fuerza contra él, ni se enviará a otros que lo hagan, sino en virtud de sentencia judicial de sus pares y con arreglo a la ley del reino”, y que alcanzó su definitivo desarrollo en 1354 cuando fue revisada y aprobada por Enrique III, obra sublime del pensamiento, del derecho y la política occidental.
En medio de esta actual, inédita y definitiva reorganización del mundo en el cual se están definiendo y concretando los nuevos intereses globales, y también el surgimiento de los intereses regionales de América como continente, no cabe duda que la democracia predomina en los gobiernos, se fortalece como sistema, se renueva en distintos países y, en tal sentido, el rol de Venezuela será determinante entre las naciones del hemisferio en virtud de su significación histórica, geopolítica y recursos inestimables lo cual obliga a que nos afiancemos como un país próspero, estable, democrático, plural, confiable, con libertades efectivas, seguridad jurídica y recuperación social, capaz de recibir y acojer en términos de bienestar e igualdad, a todos sus ciudadanos.
El escenario internacional y nacional ha cambiado y está cambiando profunda, radical y vertiginosamente. A Venezuela se le presenta nuevamente en esta hora la oportunidad extraordinaria de llevar adelante un proceso de transformación y reconstrucción con apoyo de los Estados Unidos y otras naciones, en el cual se reconozca con mira superior los valores, los principios, los intereses esenciales de un país que por mandato expreso y categórico de su Constitución: “…es y será siempre democrático…” (art. 6), basado en: “…la soberanía intransferiblemente en el pueblo”, actor y destinatario del auténtico poder, entre otros esenciales contenidos.
En este escenario, la liberación de los presos políticos que se está realizando en Venezuela resulta necesaria, es justa, es conveniente, es urgente, es prioritaria como parte de un proceso de reencuentro y reconstrucción nacional. Inclusive, en puridad doctrinal y política, es parte de un proceso mayor, constante, inacabado, imperfecto en algunos de nuestros países, tal y como es el pleno reconocimiento y ejercicio de las libertades políticas, reto cotidiano y fundamento mismo de la democracia.
La historia, admirable y terrible tantas veces de Venezuela y de las Américas, una vez más demanda en nuestro caso ahora como en el pasado lo hizo en otros países y conflictos, el logro de una amnistía verdadera y completa, el desarrollo de un proceso de reconstrucción democrática, reconocimiento de libertades y derechos, afirmación republicana, reencuentro nacional, en el que se imponga lo mejor del espíritu venezolano republicano y democrático.
(Rómulo Betancourt y Eleazar López Contreras)
El pasado nos ofrece lecciones, unas aprendidas, otras olvidades y otras rechazadas. El general y ex presidente de Venezuela, Eleazar López Contreras (gobernante entre 1935 y 1941), quien fue Ministro de Guerra de la dictadura de Juan Vicente Gómez, años después al realizar un balance razonado de su obra militar, política y ciudadana, respondiendo a los que le acusaron de inconsecuencias y tardanzas, de no haber aceptado y cumplido plenamente las demandas de democracia que la sociedad venezolana formulaba, analizó aquellos episodios de la historia contemporánea y escribió en 1955 lo siguiente: “¿No es un sistema político favorable a los intereses de la Nación Venezolana y del pueblo, haber dictado a las 24 horas de asumir el poder una amnistía general para los adversarios políticos del régimen que sostuvo el General Juan Vicente Gómez durante 27 años en el país? ¿No existe saludable labor política en la transición de la Dictadura a la Democracia, en haber evitado el choque violento entre las fuerzas de la vieja dictadura y la que encabezaba la juventud revolucionaria, neutralizando las tendencias de ir a una guerra civil por la conquista del poder, en las medidas de permitir la organización de los Partidos Políticos, sindicatos obreros, prensa libre, crítica, muchas veces descomedida, contra el gobierno, en conceder el libre ejercicio de los derechos y deberes ciudadanos, en buscar por todos los medios de insinuación, consejo y ejemplo la paz y la armonía ciudadana, sin ocurrir a medios violentos?” (Libro: “Proceso Político Social, 1928-1936”, Caracas, 1955).
Lo cierto es que con los errores, omisiones y faltas del momento, la transición en Venezuela no se pudo detener impulsada por la nueva sociedad que surgía luego de la muerte de Gómez y, en consecuencia, el presidente y general López Contreras, no obstante haber sido un heredero principal del gomecismo, puede ser considerado uno de gestores principales del cambio político en Venezuela, seguido por el presidente Isaías Medina Angarita, pero sin duda alguna, no obstante los enfrentamientos de las posiciones, lo más profundo y concluyente del proceso democratizador de Venezuela le corresponde por mérito propio a Rómulo Betancourt como Presidente de la Junta Revolucionaria de Gobierno de 1945 y lo que significó como programa de transformación política la llamada: “Revolución de Octubre”, concretada en términos admirables en la célebre Constitución de la Asamblea Nacional Constituyente de 1947, presidida por Andrés Eloy Blanco, la cual fue considerada en su momento, a juicio de Luis Beltrán Prieto, como la Carta Magna más democrática del continente americano.
(Andrés Eloy Blanco, Presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, 1947)
Ayer como hoy, nos corresponde a los venezolanos de este tiempo la respuesta afirmativa y consecuente que la historia demanda a estas y otras interrogantes de las que depende el futuro de Venezuela, y que no debe ser otra que lo mejor para la Patria, tal y como ella misma lo indicó al momento de refundarse a la República y ordenar como lo hizo en la Constitución de 1999 como uno de sus finalidades superiores: “establecer una sociedad democrática”, en la cual la vida y la libertad sean inviolables, la justicia sea imparcial, la voluntad popular sagrada, la obediencia la ley un comportamiento general, bajo el resguardo del sagrado nombre Bolívar, las lecciones eminentes de nuestra historia y el bienestar del pueblo que es el único en quien reside y debe residir la soberanía y al cual debemos acatamiento, servicio, lealtad, compromiso, honrar y proteger inexorablemente.
(Imagen principal Genially)
(Artículo tomado de El Universal, 15/02/2026)
